La ley y la revolución

Es extraño, por no decir contradictorio, que para un revolucionario, cuya tarea fundamental es demoler el viejo orden para instaurar el nuevo, reducir a escombros la tradición y las instituciones burguesas para imponer las del nuevo Plan de la Patria, que hacen del socialismo la ideología imperante, tenga no sólo que utilizar las herramientas burguesas-capitalistas de las instituciones legales (llámese Constitución, leyes orgánicas, tribunales, salas constitucionales, etc.), sino también echar mano de la lógica jurídica y los argumentos que sustentan la armazón legalista republicana, para poder llegar a sus fines, que, al final, ni son revolucionarios, ni son socialistas. Todo lo contrario, preceptos y procedimientos se han convertido en un instrumento para crear y proteger a una nueva burguesía (la boliburguesía) y atornillar en el poder a una nueva oligarquía (la chavista).

Vamos a aceptar, por el ánimo de llevar hacia adelante la argumentación, que los revolucionarios nos digan que se trata de una etapa de “transición” de un orden viejo a uno nuevo, por lo que utilizar el concepto de ley, donde todas las regulaciones emanadas de un tribunal revolucionario crean el reconocimiento de una correspondiente obligación legal a la obediencia, sinónimo de esa superestructura que Marx señaló, claramente y sin tapujos, como mecanismos de alienación, se convierten en recursos que no persiguen otra cosa que perpetuar todo el aparato cultural de dominación de clases que hacía posible la explotación de las masas por un grupo privilegiado del poder.

Es decir, tenemos a unos “supuestos” revolucionarios, operando bajo ropaje de la “ley” burguesa (podemos aceptar que se trata de leyes “revolucionarias” en contenido, pero que utilizan todos los mecanismos jurídicos heredados de la “cuarta república”, que tenía la forma de un estado-nación, con su misma constitución, sus mismas instituciones (Asamblea, Tribunal Supremo, Presidencia) y sus mismos operadores, que serían los diputados y jueces que se encargan de avanzar los proyectos de ley.

Supongamos también que esta necesidad de utilizar mecanismos contrarrevolucionarios para hacer la revolución es necesario, porque todavía no hay “conciencia revolucionaria” en el pueblo, acostumbrado por tanto tiempo a trabajar sumergido en esa superestructura alienante, de manera que se hace necesario utilizarla, hasta que cada uno despierte en la conciencia revolucionaria; es decir, que cada venezolano se convenza, por sí mismo, que el socialismo es la única y la mejor forma de convivencia y organización posible para el país.

Pero tampoco podemos perder de vista que, para el socialismo, la ley es una necesidad durante el período intermedio de avance hacia la utopía marxista, esa sociedad donde las diferencias de clases hayan sido abolidas y ya no sea necesario un gobierno; antes de eso hay una etapa claramente definida como la de Dictadura del Proletariado, que necesita de sus órganos de poder, igual que cualquier dictadura, entre ellos, la ley.

Esto es importante en la argumentación revolucionaria, todos los gobiernos socialistas, incluyendo la Rusia de Lenin y Stalin, la China de Mao, la Cuba de Fidel, por mencionar algunas, tuvieron sus Asambleas, sus tribunales, sus leyes para garantizar (imponer, porque si no es imposible que tenga lugar algo tan fingido) no sólo el orden interno de sus naciones, sino para avanzar en la consecución de la utopía socialista, ese momento tan esperado y elusivo del utópico orden perfecto, en el cual cada hombre, mujer y niño se regirán por el sagrado precepto “A cada uno según sus necesidades”, la igualdad verdadera, una vez abolida para siempre la propiedad privada.

Yo estoy seguro de que Maduro y todo su tren de gobierno, incluyendo revolucionarios destacados como Diosdado Cabello, Rafael Ramírez, Mario Silva, Iris Valera y una larga lista de “socialistas” de utilería, con todas esas cuentas de dinero que tienen en el exterior, con todos esos lujos y privilegios de los que se rodean, se erigen como una necesidad revolucionaria de esta etapa intermedia hacia la utopía, para que la revolución pueda funcionar en el marco de la “transición”.

Esas nuevas burguesías y oligarquías son el paso necesario hacia la igualdad de todos, porque, cuando llegue el momento de desprenderse de todos esos bienes, posiciones de poder, inmuebles en el exterior, cuentas secretas en paraísos fiscales llena de dólares, suponen que lo harán, como buenos revolucionarios, renunciarán a todas esas posesiones materiales, se las retornarán a sus verdaderos dueños, al pueblo revolucionario y socialista, y se conformarán con una palmadita en la espalda y su bolsa de comida de los CLAP, porque, se supone, esa es su naturaleza.

Cuando lo accesorio priva sobre lo principal

Pero volvamos a nuestro tema central, uno de los gobiernos socialistas que tuvo verdaderos problemas con el concepto de “ley” fue el del partido NAZI, el partido obrero alemán de tendencia nacionalsocialista, y este problema surgió porque perdió una guerra y tuvo que justificar sus actuaciones ante un tribunal burgués-capitalista; y, aunque los alemanes siempre se han distinguido por tener en su haber expertos en el tema jurídico, y el nazismo los tuvo, les fue imposible salvar las enormes contradicciones que el socialismo enfrenta, al hacer justamente lo que el gobierno chavista está haciendo en Venezuela, haciéndose pasar por un gobierno legítimo y con apego a la ley.

Hitler, el líder del partido Nazi, no tuvo tapujos en despreciar la democracia, el liberalismo, el estado de derecho, los derechos humanos, su “ley” se basaba en otros principios, como la tradición militarista y el orden prusiano, la pretendida superioridad racial de los alemanes, la estricta subordinación al Estado y su obediencia absoluta y en el derecho de los poderosos de gobernar sobre los débiles; este socialista tenía un rasgo muy particular, odiaba al comunismo y se prometió borrarlo de la faz de la tierra, al igual que al pueblo judío (creía, no sin cierta razón, que el comunismo era una invención sionista).

Recordemos que el socialismo, al prescindir de la idea de Dios y lo sagrado, al despreciar a toda creencia religiosa como “droga” para el espíritu y como manipulación de la conciencia del pueblo, se da un orden racional y se declara “científico”; su base es absolutamente materialista y cree que el hombre está sujeto a los dictámenes de la historia y que la historia tiene un fin, necesariamente socialista… todo lo que no esté dentro de estos fines, está equivocado.

Uno de los principios fundamentales de la ley en el mundo capitalista-burgués occidental es que la ley debe estar fuera del alcance de los apetitos de las masas, para no contaminarla de los prejuicios populistas; la ley, en el mejor de los casos, está hecha por juristas, que son un tipo de expertos en esos asuntos, hombres y mujeres sabios, justos y equitativos, que se han preparado toda su vida para llegar a las posiciones donde las leyes son elaboradas, teniendo como norte el bien común y el mejoramiento de la sociedad, para que luego sean sancionadas por los representantes del pueblo y finalmente, recibir el ejecútese del jefe del estado.

Una vez promulgada una ley, ésta requiere la obediencia de todos los ciudadanos por igual, nadie puede sustraerse de este mandato; toda ley pasa por un complejo proceso de consultas, revisiones, correcciones, opiniones y es llevada a diferentes escenarios para su discusión. En democracia las leyes deben hacerse de manera pública y abierta para evitar suspicacias sobre posibles beneficiarios o intereses particulares más allá del interés general.

Por ello, una vez que un proyecto de ley se convierte en ley, es obligatorio su acatamiento, y este cumplimiento es vigilado por las autoridades; quien no lo haga, será sometido a un proceso judicial, en donde el procesado tendrá oportunidad de defenderse y un juez asignará penas y castigos en proporción a la falta.

El procedimiento es claro y sencillo pero, en la práctica, en el mundo real, sobre todo bajo un régimen socialista, todo se hace turbio y complicado, cuando no absurdo.

Las leyes consideradas injustas o provenientes de órganos ilegítimos tienen un largo camino que recorrer para demostrar su ineficacia, caminos institucionales dentro del mismo sistema legal; cuando una ley es considerada inmoral o va en contra de principios fundamentales de convivencia, como serían leyes racistas o que favorecen el apartheid, las leyes que discriminan a las minorías o eliminan derechos individuales, por ejemplo, tiene sus propios caminos para revertirla; pero mientras están vigentes deben ser cumplidas y las autoridades tienen que velar por su correcta aplicación.

En el caso de los revolucionarios socialistas bolivarianos el caso se hace todavía más contradictorio: unos golpistas que se propusieron tomar el poder por medio de la armas, que, para empezar, violaron su juramento de obediencia y lealtad a las instituciones, utilizando las armas que les confió la República y desconociendo el ordenamiento jurídico al cual deberían haber defendido, llegaron finalmente a su objetivo por medios legítimos, democráticamente hablando, porque se les perdonó y se les dio la oportunidad de competir en un proceso electoral.

Lo que quiero hacerles ver es que estos socialistas, efectivamente, trataron de destruir el orden institucional por medio de la fuerza, el mismo orden que ahora utilizan para imponer su Plan de la Patria, por medio de leyes, instituciones y jueces… lo mismo que querían implosionar, para sustituirlo por la Dictadura del Proletariado.

De cómo de hombres libres llegamos a la esclavitud

La voluntad popular, el pueblo de Venezuela, en un grado de irresponsabilidad jamás visto, decidió en contra de su misma sobrevivencia, al otorgarle el poder político a estos revolucionarios para cambiarle el piso político al país, transitar el camino de un estado liberal-burgués (con sus tendencias izquierdistas) a uno socialista militarista, en la creencia que les sería de mejor provecho para realizar sus ideales de igualdad y justicia social.

No es el momento para analizar las causas de ese suicida error político, pero queda demostrado que el pueblo no es tan sabio como se pretende y que sí puede equivocarse, de manera garrafal, y que los partidos políticos del stablihsment sí jugaron un rol importante para que se diera esta tragedia; lo que se ha venido llamando “la anti-política”, para describir un ánimo contra los partidos políticos por parte de los medios de comunicación, no pasa de ser una estrategia de ocultamiento de las responsabilidades de los partidos políticos para que el país fuera entregado a los revolucionarios socialistas.

A pesar de tener una nueva constitución, hecha a la medida de sus necesidades, de haber tenido el control de los principales poderes públicos, sobre todo el electoral, el judicial y el legislativo, con los cuales naricearon al país con leyes socialistas revolucionarias, de disponer de todo el músculo petrolero dispuesto para sus fines, tuvieron que recurrir a la trampa, al desconocimiento del mismo entramado socialista que han estado construyendo para poder afianzarse en el poder, ya que el favor popular, que alguna vez tuvieron, lo fueron perdiendo y, con ello, poco a poco, su legitimidad severamente cuestionada.

Así como Hitler tuvo que recurrir al engaño, a la desinformación y a la mentira, a medida que sus ambiciosos planes imperialistas en el mundo se iban desmoronando, el chavismo tiene que recurrir al truco para aferrarse al poder.

Y llegamos al punto que es la base de mi alegato: está visto que para el chavismo, que debe maniobrar dentro de los patrones de legalidad y legitimidad, imprescindibles para todo gobierno que se pretenda democrático, republicano y de representación de las mayorías, el aspecto de operar dentro de la Ley es fundamental. Aquí es donde quiero llamar la atención sobre el gravísimo comportamiento de una parte de la oposición, supuestamente democrática y constitucional, como la hemos visto denominarse, y es el asunto del reconocimiento que le ha hecho la MUD, de manera abierta, pública y notoria, a la legitimidad del gobierno chavista, no sólo de origen sino de desempeño.

Los partidos políticos adscritos a la MUD han sostenido una incomprensible aquiescencia a favor de la imagen del chavismo, como organización política respetuosa de la ley y de los principios democráticos, al punto de no sólo darle al gobierno de Chávez y de Maduro el lustre de regímenes que se ajustan a los patrones democráticos y de respeto al estado de derecho, principalmente con respecto a su imagen en el exterior, en la formación de esa imagen-país que por muchos años tuvo la Venezuela socialista-bolivariana en el concierto internacional.

Esto, a pesar de los ataques inmisericordes que tuvieron los chavistas contra los mismos partidos de la oposición, poniendo presos a buena parte de sus directivas y líderes, confiscando los derechos de manifestación y de libre expresión del pensamiento, censurando toda crítica, haciendo cada vez más difícil el desempeño de sus objetivos políticos, hasta llegar, al día de hoy, cuando el derecho a elegir ha sido usurpado.

Fue la otra parte de la oposición, la que no pertenecía a los partidos políticos, la que ofreció resistencia; fueron las familias de los presos, quienes llevaron las denuncias de violaciones de derechos humanos a los foros internacionales; fueron las ONG’s, gremios, representaciones patronales, universidades, la llamada sociedad civil organizada, los que se embarcaron en la difícil y riesgosa tarea de levantar el velo que se había colocado sobre lo que sucedía en nuestro país, introduciendo expedientes en organismos extraterritoriales, explicando en los medios de comunicación extranjeros la violencia desatada, presentando ante el mundo lo que el gobierno intentaba ocultar.

Los vivos que nos vieron cara de idiotas

La MUD, mientras tanto, negociaba con el gobierno sus espacios de poder, trataba de disuadir a la otra oposición de acciones contundentes de calle, dejaba al descampado a grandes sectores de la sociedad que intentaban reclamar sus derechos; la MUD renunció a liderar la protesta y, muy por el contrario, se esforzó en proteger al estado militarista socialista de las sanciones internacionales contra los culpables de desastre, interponiendo sus buenos oficios para impedir que el régimen fuera debidamente registrado como un estado forajido.

Este accionar tenía una argumentación y una racionalización, la cual se resumía en una sentencia que repetían como si se tratara de un mantra: “Nuestra oposición es constitucional, democrática, pacífica y electoral”; con ese meme, con esa consigna infantil, inútil y traicionera, trataban de hacerse ver como los garantes de la supuesta legalidad que tenía la situación del país.

¿Cómo se explica que unos militares golpistas, comunistas, vendidos a los intereses de la Cuba de Fidel Castro, a las mafias internacionales de la droga y el contrabando, declarados enemigos de la democracia, corruptos, destructores del orden y la ley, mentirosos, asesinos, torturadores, violadores de la dignidad humana… fueran reconocidos por esos partidos políticos “democráticos” como garantes de la ley y el orden constitucional y tratados como iguales, con las mismas oportunidades políticas que los verdaderamente demócratas?

Hay politólogos, juristas, constitucionalistas, asesores de altísimo nivel, que justifican toda esta esquizofrénica posición, aludiendo a intereses electorales, poniéndola por encima del bienestar de la población, de su seguridad alimentaria y de salud, que consideran fundamental el respeto de la ley por la ley (Gesetz als Gesetz), al estilo del jurista alemán Gustav Radbruch, quien, como buen positivista, creía, antes de la 2da. Guerra Mundial, que no bastaba la presunción de la maldad para que una ley fuera descartada como dañina o equivocada; según Radbruch,  la estabilidad constitucional debe ser preservada, sin importar quién ejerza el gobierno, aún cuando haga lo posible por destruir la misma constitución.

Pues, nos quedamos sin constitución, sin elecciones, sin poder manifestar a viva voz nuestro pensamiento y, seguramente, sin comida. Para este año 2017 van a morir muchos más venezolanos de desahucio que nunca antes en nuestra historia, una historia donde demostramos, en un pasado que todavía no olvidamos, poder producir y abastecer holgadamente al país de bienes y servicios hechos en Venezuela… seremos de las personas menos libres del planeta y sostendremos a uno de los regímenes más oprobiosos de que se tenga memoria… Al menos… al menos que el pueblo se levante (con su poder Soberano que es supraconstitucional), y diga: “¡Basta!”.    -    saulgodoy@gmail.com